Las claves de la nueva legislación industrial europea

Cada vez está más próxima la adopción de la nueva legislación industrial europea, la Ley de Aceleración Industrial Europea (IAA, por sus siglas en inglés) impulsada por La Comisión Europea. Esta iniciativa responde al objetivo político de reforzar la autonomía tecnológica, económica y estratégica de la Unión. En este contexto, el último borrador del Reglamento establece como meta que, en 2035, la industria manufacturera represente al menos el 20% del PIB de la UE. En una versión anterior del texto, la fecha objetivo se había fijado en 2030.

Según datos del Banco Mundial, la participación del sector manufacturero en la economía europea se encuentra actualmente en torno al 14%. Por ello, la Comisión Europea establece ahora un marco común para acelerar la capacidad industrial y la descarbonización en sectores clave para la economía europea. Entre ellos, se incluyen las industrias intensivas en energía como son la del acero, el cemento o el aluminio; las tecnologías net-zero como baterías, solar, eólica o hidrógeno; y la industria automotriz junto a su cadena de suministro.

En la elaboración de este nuevo Reglamento, la Unión Europea ha identificado tres problemas clave. En primer lugar, la dependencia de terceros países en sectores estratégicos y la concentración de determinadas capacidades productivas fuera de la UE. En segundo lugar, la insuficiente demanda de productos industriales de bajas emisiones de carbono fabricados en la UE. Y, por último, la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos, lo que provoca demoras en la ejecución de proyectos industriales clave para la competitividad europea y la transición climática.

Sobre esta base, la Unión pretende adoptar un enfoque más estratégico que le permita capitalizar su peso económico y el valor que representa el acceso a su mercado interior… Para lograrlo, la Unión está activando un conjunto de instrumentos públicos orientados a proteger cadenas de valor estratégicas para su autonomía y su desarrollo tecnológico, con el objetivo de reducir dependencias críticas externas. En este contexto, el uso estratégico de la intervención pública constituye una de las herramientas fundamentales.

En materia de inversión extranjera, el borrador del nuevo Reglamento establece criterios específicos para la evaluación de inversiones en sectores estratégicos. En principio, tal y como está previsto en dicho documento, los controles se aplicarían a inversiones procedentes de países que concentren más del 40% de la capacidad manufacturera mundial en los sectores afectados. El objetivo es preservar la apertura y el atractivo del mercado interior, garantizando al mismo tiempo que la inversión extranjera aporte un valor añadido real a la economía de la Unión. No se trata de cerrar el mercado, sino de asegurar que la apertura económica contribuya efectivamente al fortalecimiento de la autonomía estratégica europea.

Otro de los puntos clave del texto está relacionado con la simplificación de los procesos administrativos. El texto prevé la digitalización de los procedimientos de autorización, la designación de autoridades competentes que coordinen los trámites y la fijación de plazos máximos para la concesión de permisos. Además, se contempla la posibilidad de que los Estados miembros puedan designar zonas de aceleración industrial, para facilitar la agrupación geográfica de las actividades industriales y promover condiciones más favorables para las industrias establecidas en ellas.

Uno de los aspectos que ha suscitado mayor debate es el relativo al principio de “Hecho en Europa”. El borrador del nuevo reglamento introduce requisitos aplicables a determinados componentes específicos de tecnologías net-zero, con el objetivo de prevenir prácticas de elusión y reforzar la capacidad manufacturera de la Unión. Según las consultas realizadas durante el proceso preparatorio, las partes interesadas coinciden en que la creación de “mercados líderes” será un elemento clave para preservar la competitividad de las industrias europeas de tecnologías limpias y del sector de la automoción. Asimismo, subrayan que los requisitos “Hecho en Europa” resultan esenciales para garantizar que el mercado de productos industriales de bajas emisiones de carbono y tecnología limpia no se vea afectado por la competencia extracomunitaria.

Desde el punto de vista jurídico, el nuevo Reglamento tiene por objeto establecer un marco común que evite la fragmentación normativa entre los Estados miembros. Con ello, se pretende garantizar que las medidas destinadas a reforzar la competitividad y la descarbonización se adopten de manera coherente en el conjunto del mercado interior.

La Ley de Aceleración Industrial Europea representa una evolución significativa en la política económica de la Unión y refleja una voluntad explicita de reforzar la base manufacturera de la Unión como elemento central de su prosperidad y autonomía futura.

La información y los datos mencionados en este artículo se basan en el contenido de un borrador preliminar del Reglamento que aún no ha sido adoptado en su versión definitiva. En consecuencia, algunos de los elementos aquí descritos podrían modificarse durante el proceso legislativo.